Expositores de la mesa redonda donde se analizaron los resultados de una investigación acerca del teletrabajo como alternativa laboral para discapacitados de América Latina y el Caribe.
Discapacitados que asistieron a la mesa redonda donde se re velaron los detalles de una investigación sobre teletrabajo como alternativa laboral para 40 millones de discapacitados de América Latina y el Caribe.Según los datos preliminares recogidos en la investigación regional “Telecapacitados: Teletrabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad”, el 82% de las personas empleadas con discapacidad preferiría teletrabajar
Empleadores de la región no cuentan con la información y preparación necesarias
para integrar a las personas con discapacidad que desearían teletrabajar
Empleadores de la región no cuentan con la información y preparación necesarias
para integrar a las personas con discapacidad que desearían teletrabajar
Santo Domingo.- La Sociedad de la Información hace posible la existencia e implementación de una nueva modalidad laboral a distancia conocida como “teletrabajo”, que se basa en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para realizar las tareas fuera de las instalaciones del organismo o empresa del contratante. La investigación que se presentó hoy en el Hotel Lina estudia si el teletrabajo puede ser una alternativa para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Su nombre alude a los dos pilares en los que se apoya esta investigación: el teletrabajo y la discapacidad.
Según los datos preliminares del estudio “Telecapacitados: Teletrabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad”, -realizado por Comisión TIC de USUARIA de Argentina, con el financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), de Canadá- más de 40 millones de personas con discapacidad viven en los nueve países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay). En estos países de América Latina y el Caribe, aproximadamente el 17% de los habitantes con discapacidad constituyen la Población Económicamente Activa y tienen el desafío de encontrar una ocupación laboral. Además, el estudio constata que el 82% de los trabajadores/as con discapacidad encuestados preferiría teletrabajar.
DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Al igual que los demás países de la región, la República Dominicana adolece de datos de calidad sobre la magnitud de la discapacidad, los índices de discapacidad reportados son muy bajos, no reflejándose la realidad de la discapacidad en nuestros países. La ONU establece que la prevalencia de la discapacidad los países en desarrollo es de alrededor del 10%.
Según los datos preliminares del estudio “Telecapacitados: Teletrabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad”, -realizado por Comisión TIC de USUARIA de Argentina, con el financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), de Canadá- más de 40 millones de personas con discapacidad viven en los nueve países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay). En estos países de América Latina y el Caribe, aproximadamente el 17% de los habitantes con discapacidad constituyen la Población Económicamente Activa y tienen el desafío de encontrar una ocupación laboral. Además, el estudio constata que el 82% de los trabajadores/as con discapacidad encuestados preferiría teletrabajar.
DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Al igual que los demás países de la región, la República Dominicana adolece de datos de calidad sobre la magnitud de la discapacidad, los índices de discapacidad reportados son muy bajos, no reflejándose la realidad de la discapacidad en nuestros países. La ONU establece que la prevalencia de la discapacidad los países en desarrollo es de alrededor del 10%.
De acuerdo a un perfil elaborado por la ONE, el CONADIS y la OPS a partir de datos censales sobre la discapacidad en República Dominicana, la población con discapacidad al año 2002 era de 358,341, lo que representaba un 4,1% del total de la población. De la población con discapacidad el 42% son jefes de hogar.
De acuerdo a la misma fuente, sólo el 17% de la población con discapacidad se encuentran ocupados, porcentaje que asciende a un 30% en la población general, lo cual pone de manifiesto las desigualdades en el mercado laboral para las personas con discapacidad. El porcentaje de hombres con discapacidad que tienen acceso a un empleo es el doble de las mujeres (22% y 11%). Este dato refleja la desigualdad por razones de género, patrón que se constata en la investigación regional donde el 70% de los teletrabajadores entrevistados eran varones y tan sólo el 30% eran mujeres.
La investigación también recaba datos según el nivel de instrucción de la población con discapacidad, evidenciando éstos la falta de oportunidades de este conjunto de la población dominicana para acceder a la educación. Así, un poco más de la tercera parte es analfabeta (36.5%) y para aproximadamente el 70% de este grupo el máximo nivel educativo es el nivel básico/primario y sólo el 6% obtuvo un nivel superior.
PERFIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De los datos preliminares del estudio a nivel regional se desprende que los teletrabajadores transmiten una gran confianza en sí mismos, han podido superar obstáculos físicos, económicos y tecnológicos para emprender una nueva actividad laboral; la capacidad de emprendimiento depende en gran medida de los recursos psicológicos, del sostén familiar y de la actitud de superación personal. Según explica Sonia Boiarov, directora de Telecapacitados, “se ha constatado que su capacitación todavía se orienta hacia labores manuales y no a sus habilidades intelectuales; que existen discursos paralizantes como el que sostiene que la inserción laboral sólo se da en un centro de trabajo; y que los empleadores desconocen sobre contratos a personas con discapacidad”. Boiarov subraya que las áreas de aplicación del teletrabajo son la enseñanza virtual, el diseño gráfico, la gestión administrativa, el mantenimiento remoto de sistemas informativos hasta la producción de prensa radial, traducción, idiomas y telemarketing, entre otras.
LOS OBSTÁCULOS MÁS IMPORTANTES: DISCRIMINACIÓN Y FALTA DE REGLAMENTACIÓN
Para insertarse laboralmente en el teletrabajo, según el 18% de los teletrabajadores encuestados en la región, el obstáculo más importante sigue siendo la discriminación por parte de los empleadores. Además, de los datos oficiales se observa que la mayoría de las personas con discapacidad desocupadas sólo vive con su pensión de invalidez, que en muchos países es inferior al sueldo mínimo. En gran parte de los casos, el equipamiento informático de los teletrabajadores con discapacidad es costeado por los propios teletrabajadores.
Según el 24% de los consultados en el estudio, a nivel regional, el principal estímulo y fomento para teletrabajar proviene del “apoyo económico, social y contención del hogar” frente al apoyo de otras instancias tales como las empresas (12%) y el Estado (12%). Si bien el 21% de los encuestados consideran que las ONG’s son consideradas como promotoras de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sólo el 29,2% de las ONG’s entrevistadas dice “promover el teletrabajo” frente al 34,1% que “no lo promueve”, el 14,6% que “lo promovería pero necesita más información”, el 7,3% que “para promoverlo deberían cumplirse ciertas condiciones” y el 4,8% que “no se ocupa del teletrabajo”.
EL MARCO LEGAL VIGENTE PARA EL TELETRABAJO EN RD ES INSUFICIENTE
Tal y como subraya Sonia Boiarov, coordinadora del proyecto, en materia concreta de Teletrabajo, “la República Dominicana no dispone de una ley específica que lo promueva y regule como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), tal como sí sucede en Chile y Colombia”.
“Las leyes que exhortan la inserción laboral de las personas con discapacidad como el Código de Trabajo y la Ley General sobre Discapacidad de la República Dominicana, aunque reconocen y se comprometen a promover el derecho a trabajar de las personas con discapacidad, no se cumplen por diversas causas: falta de mecanismos concretos que operativicen dichos derechos, ausencia de compromiso de sectores políticos y empresariales con una política de igualdad de oportunidades en el empleo, la carencia de una ley específica de cupos o cuotas obligatorias, la no reglamentación de la ley 42/2000, inexistencia de incentivos especiales para el sector privado y la ausencia de políticas públicas orientadas a la mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad”, añade la investigadora.
En conclusión, según la directora de la investigación “promover el teletrabajo, en un nuevo horizonte de oportunidades laborales y que contribuya de manera efectiva a generar empleo para la población en general y en particular para las personas con discapacidad en la RD, va a requerir, además de políticas integrales de empleabilidad, de una legislación laboral que defina su alcance, políticas públicas adecuadas y de garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores”. En resumen, Boiarov sostiene que tanto en República Dominicana como en la mayoría de los países estudiados, hay que definir reglas claras en beneficio del teletrabajador, del sector productivo y del Estado.
INSTITUCIONES CONVOCANTES
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS), la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) de la Secretaría de Estado de Trabajo, la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) y la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas invitaron a la presentación de los datos preliminares del estudio en cuyo desarrollo también se realizó una mesa redonda sobre el tema “Telecapacitados y discapacidad: un mercado laboral inclusivo”
Participaron en la mesa redonda Pablo Piantini, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE); Maribel Batista, directora técnica de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS); Miguel Ceara-Hatton, coordinador nacional de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Elvira Arnaut, encargada de la Oficina Territorial de Empleo de la Secretaría de Estado de Trabajo (SET), y Rosa Peña Paula, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS) debatieron sobre los retos a enfrentar en el país para promover el teletrabajo como una forma de inclusión laboral para las personas con discapacidad.
De acuerdo a la misma fuente, sólo el 17% de la población con discapacidad se encuentran ocupados, porcentaje que asciende a un 30% en la población general, lo cual pone de manifiesto las desigualdades en el mercado laboral para las personas con discapacidad. El porcentaje de hombres con discapacidad que tienen acceso a un empleo es el doble de las mujeres (22% y 11%). Este dato refleja la desigualdad por razones de género, patrón que se constata en la investigación regional donde el 70% de los teletrabajadores entrevistados eran varones y tan sólo el 30% eran mujeres.
La investigación también recaba datos según el nivel de instrucción de la población con discapacidad, evidenciando éstos la falta de oportunidades de este conjunto de la población dominicana para acceder a la educación. Así, un poco más de la tercera parte es analfabeta (36.5%) y para aproximadamente el 70% de este grupo el máximo nivel educativo es el nivel básico/primario y sólo el 6% obtuvo un nivel superior.
PERFIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De los datos preliminares del estudio a nivel regional se desprende que los teletrabajadores transmiten una gran confianza en sí mismos, han podido superar obstáculos físicos, económicos y tecnológicos para emprender una nueva actividad laboral; la capacidad de emprendimiento depende en gran medida de los recursos psicológicos, del sostén familiar y de la actitud de superación personal. Según explica Sonia Boiarov, directora de Telecapacitados, “se ha constatado que su capacitación todavía se orienta hacia labores manuales y no a sus habilidades intelectuales; que existen discursos paralizantes como el que sostiene que la inserción laboral sólo se da en un centro de trabajo; y que los empleadores desconocen sobre contratos a personas con discapacidad”. Boiarov subraya que las áreas de aplicación del teletrabajo son la enseñanza virtual, el diseño gráfico, la gestión administrativa, el mantenimiento remoto de sistemas informativos hasta la producción de prensa radial, traducción, idiomas y telemarketing, entre otras.
LOS OBSTÁCULOS MÁS IMPORTANTES: DISCRIMINACIÓN Y FALTA DE REGLAMENTACIÓN
Para insertarse laboralmente en el teletrabajo, según el 18% de los teletrabajadores encuestados en la región, el obstáculo más importante sigue siendo la discriminación por parte de los empleadores. Además, de los datos oficiales se observa que la mayoría de las personas con discapacidad desocupadas sólo vive con su pensión de invalidez, que en muchos países es inferior al sueldo mínimo. En gran parte de los casos, el equipamiento informático de los teletrabajadores con discapacidad es costeado por los propios teletrabajadores.
Según el 24% de los consultados en el estudio, a nivel regional, el principal estímulo y fomento para teletrabajar proviene del “apoyo económico, social y contención del hogar” frente al apoyo de otras instancias tales como las empresas (12%) y el Estado (12%). Si bien el 21% de los encuestados consideran que las ONG’s son consideradas como promotoras de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sólo el 29,2% de las ONG’s entrevistadas dice “promover el teletrabajo” frente al 34,1% que “no lo promueve”, el 14,6% que “lo promovería pero necesita más información”, el 7,3% que “para promoverlo deberían cumplirse ciertas condiciones” y el 4,8% que “no se ocupa del teletrabajo”.
EL MARCO LEGAL VIGENTE PARA EL TELETRABAJO EN RD ES INSUFICIENTE
Tal y como subraya Sonia Boiarov, coordinadora del proyecto, en materia concreta de Teletrabajo, “la República Dominicana no dispone de una ley específica que lo promueva y regule como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), tal como sí sucede en Chile y Colombia”.
“Las leyes que exhortan la inserción laboral de las personas con discapacidad como el Código de Trabajo y la Ley General sobre Discapacidad de la República Dominicana, aunque reconocen y se comprometen a promover el derecho a trabajar de las personas con discapacidad, no se cumplen por diversas causas: falta de mecanismos concretos que operativicen dichos derechos, ausencia de compromiso de sectores políticos y empresariales con una política de igualdad de oportunidades en el empleo, la carencia de una ley específica de cupos o cuotas obligatorias, la no reglamentación de la ley 42/2000, inexistencia de incentivos especiales para el sector privado y la ausencia de políticas públicas orientadas a la mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad”, añade la investigadora.
En conclusión, según la directora de la investigación “promover el teletrabajo, en un nuevo horizonte de oportunidades laborales y que contribuya de manera efectiva a generar empleo para la población en general y en particular para las personas con discapacidad en la RD, va a requerir, además de políticas integrales de empleabilidad, de una legislación laboral que defina su alcance, políticas públicas adecuadas y de garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores”. En resumen, Boiarov sostiene que tanto en República Dominicana como en la mayoría de los países estudiados, hay que definir reglas claras en beneficio del teletrabajador, del sector productivo y del Estado.
INSTITUCIONES CONVOCANTES
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS), la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) de la Secretaría de Estado de Trabajo, la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) y la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas invitaron a la presentación de los datos preliminares del estudio en cuyo desarrollo también se realizó una mesa redonda sobre el tema “Telecapacitados y discapacidad: un mercado laboral inclusivo”
Participaron en la mesa redonda Pablo Piantini, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE); Maribel Batista, directora técnica de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS); Miguel Ceara-Hatton, coordinador nacional de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Elvira Arnaut, encargada de la Oficina Territorial de Empleo de la Secretaría de Estado de Trabajo (SET), y Rosa Peña Paula, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS) debatieron sobre los retos a enfrentar en el país para promover el teletrabajo como una forma de inclusión laboral para las personas con discapacidad.
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