NUEVA YORK._ El carnicero y descuartizador dominicano Humberto Pepín Taveras de 44 años de edad y quien enfrenta un juicio federal con la posibilidad de ser condenado a la pena capital por inyección letal en la prisión de Ostiville donde está recluido, podría ser el segundo criollo en ser ejecutado en la historia migratoria de la comunidad dominicana en Estados Unidos.El 24 de marzo de 1993 el dominicano Carlos Santana de 40 años de edad, convicto de asaltar un camión blindado que transportaba dinero de establecimientos comerciales a bancos de la ciudad y asesinar a uno de los guardias de seguridad, fue ejecutado en Texas a pesar de una campaña nacional para que el entonces gobernador George Bush le condonara la pena.
Santana fue defendido por el reputado abogad Jack Ramsey que fuera Procurador General de estados Unidos durante el gobierno del presidente Lindon B. Jonson, pero las estrategias defensivas no dieron resultado. A pesar de que en el juicio se demostró que Santana no fue quien apretó el gatillo, el jurado lo declaró culpable de complicidad y conspiración e intención de matar.
La Corte Suprema rechazó una apelación dos horas antes de que Santana fuera inyectado.
Fue el reo #55 ejecutado en ese estado sureño y el 196 desde que en 1976 el tribunal supremo reinstauró la pena capital en Estados Unidos. “El amor es la respuesta, no el odio”, escribió el quisqueyano antes su muerte en la cámara de ejecución.
Santana que trabajó como electricista en la República Dominicana participó en el asalto en 1981 contra el camión de la empresa Purolator Armored Inc de Houston, donde cayó asesinado el guardia de seguridad Oliver Flores.
Según el expediente el criollo y el afro americano volaron las ventanillas del camión con cartuchazos de escopetas que portaban y obligaron al segundo guardia a retirarse, llevándose el dinero.
Fueron detenidos a un cuarto de milla de distancia de la escena del atraco una hora después del robo. Los abogados de Santana pidieron al jurado considerar que había vivido en la extrema pobreza y fue un niño abusado.
Un afro americano identificado como James Meanes que fue el que asesinó al guardia y exculpó a Santana de esa responsabilidad, admitiendo el homicidio fue también ejecutado después que inyectaran al dominicano.
Tras la sentencia y por sugerencias de la activista chicana Teresa Gutiérrez que se puso en contacto con organizaciones dominicanas de Nueva York, se integró el Comité de Defensa a la Vida de Carlos Santana y se enviaron cientos de cartas a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al gobernador tejano y al congreso, pero esos esfuerzos resultaron inútiles.
En medio de apasionadas movilizaciones y calificativos de que la ejecución de Santana había tenido tintes racistas, su cadáver fue trasladado desde Texas al Alto Manhattan, recibido en procesión y miles de criollos concurrieron al templo adventista Broadway situado en la avenida del mismo nombre y la calle 174 para velar sus restos que fueron envueltos en la bandera dominicana.
Discursos de activistas y líderes políticos dominicanos fueron parte de los funerales de Santana en esa iglesia, donde al margen del delito por el que se le ejecutó, la comunidad se unió, convencida de que su muerte obedeció a una concepción racial y anti inmigrante.
No se espera que en el caso de Pepín Taveras ocurra lo mismo.
El destino de vida o muerte, del reo federal dominicano Humberto Pepín Taveras, está en este momento en manos de uno de los jueces considerados más severos que en 58 años de experiencia en el ejercicio judicial, ha decidido parte de los casos más relevantes del gobierno, incluyendo el de John Gotti, padre y de un jurado que fue escogido de entre 500 candidatos a integrar el panel para decidir sobre uno de los casos más controversiales de las últimas décadas en el estado de Nueva York donde la pena capital enfrenta una férrea oposición de la sociedad civil y destacados juristas, así como de las iglesias católica y cristianas.
El pasado 16 de marzo de este año, ese mismo juez, rechazó un pedido del abogado de Pepin Taveras, para que el fiscal federal que encabeza la causa del gobierno por varios homicidios y narcotráfico internacional, contra el dominicano, no pidiera la pena de muerte.
El magistrado Jack Bertrand Weisntein, que nació en 1921 en el estado de Wichita y que comenzó su ministerio profesional en 1948, dijo en la fecha, que negaba la petición, porque el criollo no había sido extraditado, sino re apresado en Nueva York.
Pero cuando en junio del 2004, el dominicano Alejandro de Asa Sánchez, llegó extraditado a Nueva York y los fiscales federales anunciaron que pedirían su ejecución, el juez Weisntein, hizo que retrocedieran, exigiendo que respetaran el tratado de extradición.
Pepin Taveras, fue acusado en 1992 de la muerte de dos de sus compartes en una bande de tráfico de drogas, a los que luego de asesinar, descuartizó y pedazos de uno de los cuerpos, lo tiró al río Tibbets Brooks de Yonkers, un suburbio que colinda con el condado de El Bronx.
Por ese crimen fue acusado en la corte del condado de Weschester y sentenciado por la jueza Barbara Zambelli. Su presentación en corte ocurrió en julio del 2003, en la que se declaró inocente de los cargos.
Según los federales, otras de sus víctimas fueron el afro americano Jonathan Bandler y el hispano Carlos Madrid, a quienes Pepin Taveras, consideraba rivales en el negocio del narcotráfico y a los que también liquidó para “quitar obstáculos”.
Madrid, recibió varios disparos mientras ambos realizaban una transacción de drogas en el condado de Queens y Badler, fue encontrado muerto en un apartamento de El Bronx.
La muerte de Madrid, ocurrió dos años de la de Badler, es decir en 1995. Las investigaciones apuntaron a que fue Pepin Taveras el responsable de la misma y las pesquisas se realizaron mientras el reo, estaba en la cárcel.
Tres años más tarde, fue acusado formalmente por un Gran Jurado de los asesinatos. Se informó que Taveras, fue deportado, pero logró regresar a los Estados Unidos, siendo re capturado por las autoridades.
El acusado, que ahora tiene 42 años de edad, podría estar conectado con otros crímenes, que se investigaron durante varios años, según informó en su más reciente edición el periódico “The Journal News” de Weschester.
EL JUEZ
El juez Weinstein, que además del caso Gotti, tiene en sus manos el expediente del controversial y afamado “Efecto Naranja”, durante bombardeos de tropas norteamericanas en Viet – Nam y demandas multimillonarias contra corporaciones transnacionales de EE UU como es la Pepsicola, se convirtió en juez del distrito Sur de la Corte Federal en 1967, tras ser nominado al cargo por el presidente Lyndon B. Jonson el 16 de enero de ese mismo año.
El 14 de abril de 1967, el senado confirmó su designación, en abril 15 del mismo año, recibió su primera causa y entre 1980 y 1988 trabajó como juez jefe, asumiendo ele status de senior el primero de marzo de 1993.
Se hizo bachiller en el Colegio de Brooklyn en 1943 y se doctoró en leyes en la escuela judicial de la Universidad de Columbia en 1948.
En su carrera profesional se ha desempeñado como Teniente de la Marina de Guerra de EE UU entre 1943 al 1946, conferencista de la Universidad de Columbia del 1948 al 49, Administrador de Leyes con el juez Stanley Fuld, jefe de la Corte Suprema de Apelaciones del Estado de Nueva York.
También ejerció la práctica privada en la urbe entre 1950 al 52, Decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de Columbia de 1952 a 1967, profesor de leyes de 1967 a 1998, Fiscal de Distrito del Condado Nassau en Nueva York entre 1955 al 57 y Profesor Adjunto en la Escuela de Leyes de la Universidad de Brooklyn, desde 1987 hasta la fecha.
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