Por PANKY CORCINO/El Diario La Prensa, NY.SANTO DOMINGO.- Estados Unidos advirtió al Gobierno Dominicano que la aprobación y promulgación del proyecto de ley que autoriza a derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico conllevaría una suspensión en la ayuda que ofrece esa nación al país.
“Cómo mínimo, esto conllevaría terminar con la asistencia de rastreo aéreo en tiempo real”, advirtió Estados Unidos en una comunicación enviada a la Secretaría de Estado (ministerio) de Relaciones Exteriores, a través de su sede diplomática, la cual fue dada a conocer por el diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), una organización aliada al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Con motivo del tema de la lucha contra el narcotráfico Estados Unidos está controlando nuestro espacio aéreo”, se quejó Castillo, en declaraciones a El Diario La Prensa, de Nueva York.
La comunicación presentada por el congresista de Estados Unidos habla de una posible terminación de otra asistencia bilateral si la misma pudiese ayudar a República Dominicana “a preparar o a realizar disparos de aviso o hacer uso de fuerza letal contra aviones civiles”.
Se refiere a un denominado acuerdo CNIES (Comité Legales Bilaterales) que estipula que Estados Unidos provea asistencia de interceptación aérea a República Dominicana. “La adopción de esta ley para tumbar aviones cuestionaría la voluntad de la República Dominicana para satisfacer los términos de este acuerdo”, plantea la misiva.
Sin embargo, Castillo aseguró que “hay unos acuerdos que ellos invocan para oponerse a la ley que se discute, pero esos acuerdos no han sido enviados al Congreso, nadie los conoce y le dan acceso a nuestro espacio aéreo”.
La citada comunicación, marcada con el número 267 y fechada el 19 de diciembre de 2007, explica que “la Embajada de Estados Unidos ofrece un gran valor a nuestra cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos”.
“Sin embargo, la promulgación de una ley para tumbar aviones sería contraproducente para la cooperación en seguridad de los Estados Unidos y la República Dominicana”, añade.
Advierte que el acuerdo CIES estipula que los estadounidenses proveerán asistencia de interceptación aérea al gobierno de República Dominicana, pero al mismo tiempo el país no puede “dañar, destruir o inhabilitar un avión civil en servicio” si a nivel local se utilizan las informaciones suministradas por Estados Unidos.
Ya en febrero de este año el director de la Oficina de la Casa Blanca en Política Anti-Drogas, John P. Walters, advirtió a República Dominicana que su gobierno no aprueba el uso de fuerzas militares para derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico.
“Hemos puesto bien claro nuestra recomendación de que esta fuerza no debe ser utilizada”, dijo Walters en una visita al país, aunque reconoció que se trata de una decisión del Estado Dominicano.
El funcionario recordó que en Perú ocurrió un caso en donde por confusión derribaron un avión que las autoridades creyeron estaba ligado al narcotráfico.
La discusión sobre el proyecto de ley se produce en momentos en que la gestión de Leonel Fernández encamina con Brasil la compra de ocho aviones de combate que costarían unos 92 millones de dólares y que estarían destinados a combatir el narcotráfico y vigilar el espacio aéreo.
En septiembre pasado el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), mayor general Carlos Rafael Altuna Tezano, aseguró que en el país se registran unos 15 vuelos diarios de aeronaves ligadas al narcotráfico.
“Cómo mínimo, esto conllevaría terminar con la asistencia de rastreo aéreo en tiempo real”, advirtió Estados Unidos en una comunicación enviada a la Secretaría de Estado (ministerio) de Relaciones Exteriores, a través de su sede diplomática, la cual fue dada a conocer por el diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), una organización aliada al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Con motivo del tema de la lucha contra el narcotráfico Estados Unidos está controlando nuestro espacio aéreo”, se quejó Castillo, en declaraciones a El Diario La Prensa, de Nueva York.
La comunicación presentada por el congresista de Estados Unidos habla de una posible terminación de otra asistencia bilateral si la misma pudiese ayudar a República Dominicana “a preparar o a realizar disparos de aviso o hacer uso de fuerza letal contra aviones civiles”.
Se refiere a un denominado acuerdo CNIES (Comité Legales Bilaterales) que estipula que Estados Unidos provea asistencia de interceptación aérea a República Dominicana. “La adopción de esta ley para tumbar aviones cuestionaría la voluntad de la República Dominicana para satisfacer los términos de este acuerdo”, plantea la misiva.
Sin embargo, Castillo aseguró que “hay unos acuerdos que ellos invocan para oponerse a la ley que se discute, pero esos acuerdos no han sido enviados al Congreso, nadie los conoce y le dan acceso a nuestro espacio aéreo”.
La citada comunicación, marcada con el número 267 y fechada el 19 de diciembre de 2007, explica que “la Embajada de Estados Unidos ofrece un gran valor a nuestra cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos”.
“Sin embargo, la promulgación de una ley para tumbar aviones sería contraproducente para la cooperación en seguridad de los Estados Unidos y la República Dominicana”, añade.
Advierte que el acuerdo CIES estipula que los estadounidenses proveerán asistencia de interceptación aérea al gobierno de República Dominicana, pero al mismo tiempo el país no puede “dañar, destruir o inhabilitar un avión civil en servicio” si a nivel local se utilizan las informaciones suministradas por Estados Unidos.
Ya en febrero de este año el director de la Oficina de la Casa Blanca en Política Anti-Drogas, John P. Walters, advirtió a República Dominicana que su gobierno no aprueba el uso de fuerzas militares para derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico.
“Hemos puesto bien claro nuestra recomendación de que esta fuerza no debe ser utilizada”, dijo Walters en una visita al país, aunque reconoció que se trata de una decisión del Estado Dominicano.
El funcionario recordó que en Perú ocurrió un caso en donde por confusión derribaron un avión que las autoridades creyeron estaba ligado al narcotráfico.
La discusión sobre el proyecto de ley se produce en momentos en que la gestión de Leonel Fernández encamina con Brasil la compra de ocho aviones de combate que costarían unos 92 millones de dólares y que estarían destinados a combatir el narcotráfico y vigilar el espacio aéreo.
En septiembre pasado el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), mayor general Carlos Rafael Altuna Tezano, aseguró que en el país se registran unos 15 vuelos diarios de aeronaves ligadas al narcotráfico.
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