El juez de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares informó este domingo que esa institución ha entregado de enero a junio RD$ 219, 375, 903. 75 a los partidos políticos y lo que resta de año recibirán RD$ 307,126,265.25 millones más, para un total de RD$526.5 millones. Dijo que para el 2010, por ser un año electoral recibirán los recursos a partir de enero, dependiendo de los fondos que le asigne el Poder Ejecutivo a la JCE en el presupuesto correspondiente al próximo año.
Entiende que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se tienen que poner de acuerdo en cuanto al presupuesto que habrá de asignársele a la JCE, con motivo de celebrarse las elecciones congresuales y municipales el 16 de mayo próximo, ya que este será un proceso bastante complejo, por lo que se va requerir de una inversión adecuada.
“Esperamos no retornar a una costumbre, ya que es muy lamentable para la democracia de la República Dominicana, que la JCE se vea precisada a tener que mendigar un presupuesto adecuado”, sostuvo Olivares.
Dijo que es una obligación de ley que la JCE fiscalice los fondos que reciben los partidos políticos, pero sin embargo, no le da potestad de auditar los aportes que reciben estos provenientes del sector privado.
Entiende que se debe trabajar en este proceso electoral para el futuro, donde se contemple una ley que permita una fiscalización real y efectiva de los fondos que reciben los partidos políticos de particulares.
“Desafortunadamente en nuestro país hay poco mecanismos efectivos que permitan la fiscalización de recursos, inclusive hay muchas debilidades de la propia fiscalización de los recursos que le entrega el Estado como contribución a los partidos políticos”, dijo al tiempo de agregar que la Junta tiene el compromiso y la voluntad de que los partidos le rindan cuentas a la población a través de ese organismo.
Por otra parte, dijo que la JCE tiene que aplicar controles efectivos para evitar que los funcionarios que aspiran a síndicos, senadores y diputados, no utilicen los fondos del Estado.
Entiende que las personas que ocupan cargos en la administración pública y que aspiran a ser elegidos a senadores y diputados deben tomar una licencia.
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